Diputados Berger y Rathgeb ingresan proyecto que sanciona arrojar elementos de protección personal en sitios públicos durante la pandemia

Legisladores buscan adelantarse a problemas sanitarios y ambientales sufridos en otros países por el aumento de guantes y mascarillas abandonados en las calles.

Por los riesgos adicionales de contagio que podría acarrear a la población, los diputados Jorge Rathgeb y Bernardo Berger ingresaron un proyecto de ley que sanciona arrojar en espacios públicos elementos de protección personal sanitaria (EPP) como mascarillas o guantes quirúrgicos mientras dure la alerta sanitaria por Covid-19. Además, instruye a la autoridad sanitaria dictar un reglamento sobre la disposición de este tipo de desechos.

Al respecto, Bernardo Berger precisó que la iniciativa se hace cargo tanto de los efectos ambientales como también de los problemas sanitarios que ha traído consigo en países como España, Italia o las costas de Hong-Kong, el aumento de EPP, y que en Chile ha empezado a tener notoriedad en las calles conforme avanza la pandemia.

“El uso de mascarillas y guantes es una conducta recomendada y eficiente a la hora de prevenir el contagio, pero lamentablemente, si éstas quedan en las calles o espacios públicos, o no son tratadas adecuadamente cuando han estado en contacto con personas infectadas, podrían agravar más la complejidad de la pandemia. Por eso queremos adelantarnos y prever soluciones que contribuyan a esta lucha sanitaria”, señaló el legislador RN.

El proyecto en lo específico prohíbe arrojar en la vía pública, en bienes de uso público, en sitios eriazos y en lugares de acceso al público, elementos de seguridad o protección sanitaria como mascarillas o guantes quirúrgicos, y establece esta conducta como infracción con multa a beneficio municipal de entre 1 a 20 unidades tributarias mensuales.

Respecto de EPP que fueren utilizados por personas que padecieren Covid-19 o que hubieren tenido contacto con éstas, el texto propone que se eliminen conforme a reglas que disponga especialmente la autoridad sanitaria, a quien otorga un plazo de 30 días para redactar un reglamento una vez aprobada la ley. Las infracciones en este caso se sancionarán conforme a lo dispuesto en el Código Sanitario.

Las medidas propuestas en el proyecto, puntualizó Berger, regirán hasta por 120 días siguientes al término del estado de excepción que rige desde el 18 de marzo de 2020. Además, añadió que las sanciones planteadas no eximen de otras responsabilidades como las penales que pudieren caber en este tipo de casos.