Resolver situaciones críticas detectadas para lograr la transferencia gradual de competencias desde la administración central del Estado a los gobiernos regionales es el objetivo del proyecto analizado este martes por la Sala de la Cámara y despachado a comisión mixta, tras el rechazo del conjunto de sus normas.
De acuerdo al informe de la Comisión de Gobierno Interior, la normativa introduce regulaciones para implementar adecuadamente el proceso de descentralización del país.
En lo medular, modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. En este marco, precisa atribuciones y procedimientos de las nuevas autoridades, junto con determinar nuevas funciones de control y resolución de contiendas de competencias.
RAZONES DEL RECHAZO A LEY CORTA
Para algunos, el texto cumplía con resolver las actuales dificultades y entregaba herramientas para superar las futuras contiendas. En el otro extremo, se estimó que no llenaba las expectativas y se cuestionó su verdadero aporte.
En el centro de las posturas se consideró positivo avanzar en el esclarecimiento de algunas normas. Al mismo tiempo, se criticó la forma en que se abordó el tema del silencio administrativo. Respecto de ello, llamaron a rechazar la norma y esperar a llegar a una comisión mixta para resolver el punto. Además, reclamaron que no se resuelva el tema del financiamiento autónomo regional.
Por lo pronto, el proyecto pasará a cámara mixta para implementar adecuadamente el proceso de descentralización
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