El ministro en visita, Álvaro Mesa Latorre, dictó acusación en contra de siete miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado perpetrados en la localidad de Neltume, comuna de Panguipulli, en 1981.
Los nombre de las víctimas son Rodrigo Obregón Torres, Pedro Juan Yáñez Palacios, Patricio Alejandro Calfuquir Henríquez, Próspero del Carmen Guzmán Soto, José Eugenio Monsalve Sandoval, René Eduardo Bravo Aguilera, Juan Ángel Ojeda Aguayo y Julio César Riffo Figueroa.
En la resolución, el ministro Mesa Latorre acusó a los capitanes de Ejército a la época de los hechos, Rosauro Martínez Labbé, Conrado García Gaier y Enrique Erasmo Sandoval Arancibia; el mayor de la CNI Sergio María Canals Baldwin; además del teniente de Ejército Luis Arturo Sanhueza Ross, el ex cabo segundo del Ejército Julio Mariano Araki Tepano y el militar Luis Alberto Jerez Prüssing, como autores de los delitos.
Durante marzo de 1979 un grupo de exiliados chilenos pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que se encontraban residiendo en Europa, decidieron crear un frente guerrillero en la zona Sur de Chile, para lo cual se reunieron en París a fines del año 1980.
Posteriormente, viajaron desde Madrid hasta Argentina e ingresaron a Chile, específicamente a la zona de Neltume, a través de pasos fronterizos no habilitados, creando el grupo denominado ‘Destacamento guerrillero Toqui Lautaro’.
Los pobladores se percataron de esta situación y la denunciaron ante Carabineros del Retén de Neltume, actual Región de Los Ríos, por lo que en junio de 1981 un grupo conformado por personal del destacamento de Tropas Especiales Comandos Nº 8 Llancahue, por instrucción del capitán Rosauro Martínez Labbé, se dirigió hasta ese sector con el objeto de verificar si las denuncias recibidas eran reales o falsas.
Desde ese momento se inicia oficialmente el operativo militar liderado por el capitán Rosauro Martínez Labbé, que tiene como objeto el aniquilamiento de los integrantes de este grupo de jóvenes guerrilleros.
“En todos los informes en que se da cuenta de la muerte de los integrantes del ”Destacamento Toqui Lautaro", se menciona que habrían muerto a causa de enfrentamientos, lo cual resulta inverosímil, toda vez que no se puede desconocer la desigual y desmejorada condición en que se encontraban los integrantes del grupo “Toqui Lautaro”.
“No sólo en cuanto a armamento y preparación, sino mayormente en sus condiciones físicas, recordando que las víctimas se encontraban en estado de desnutrición y una de ellas incluso con parte de su pie amputado”.
"La desproporción en el uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado fue evidente, toda vez que pudieron simplemente haber aprehendido a los integrantes del grupo sin necesidad de llegar a ejecutarlos”, dice el fallo.
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