Extrabajadores de Chilterra denuncian que empresa no paga sus finiquitos

Acuerdos de pago que no se cumplen, cotizaciones impagas y otras irregularidades señalan trabajadores que fueron desvinculados de la empresa entre noviembre del 2022 y abril del 2023.

Varios meses sin recibir la cancelación correspondiente a sus finiquitos de trabajo, tras su desvinculación de la empresa agrícola Chilterra, denuncian decenas de extrabajadores de dicha firma de capitales neozelandeses. 

La situación afecta a más de una treintena de personas, quienes contactaron a Grupo DiarioSur para dar a conocer la situación que les afecta desde fines del año 2022 a la fecha. 

Según los denunciantes, el ambiente comenzó a tensarse hace un año cuando Ricardo Ríos, dueño de la Sociedad Agrícola Dos Ríos Limitada o simplemente Chilterra S.A., inició una reorganización en la empresa. 

La prensa nacional recogió la situación. En julio del 2022 el Diario Financiero publicó que la empresa, calificada como uno de los principales productores lecheros a nivel nacional, entraba en reorganización judicial a fin de evitar la quiebra, detallando que mantenía deudas con los bancos Rabobank, Scotiabank e Itaú, además de Prolesur.  

“A nosotros nos avisaron que la empresa estaba en quiebra y que iba a entrar en reestructuración”, relata Angélica Lagos, de la comuna de Los Lagos, quien se desempeñaba en lechería. Su desvinculación se concretó el 18 de abril de este año. 

Lo anterior es corroborado por Gustavo Novoa, también de Los Lagos, quién trabajó para la empresa por seis años como administrador de un predio en Huite, y señaló que hace un año el dueño, Ricardo Ríos, declaró que se encontraba en quiebra. También fue desvinculado en abril pasado. 

Acuerdos incumplidos y otras irregularidades 

Desde el momento que comienzan a ejecutarse las desvinculaciones, en noviembre del 2022, se realizan los trámites necesarios para pactar los pagos de los finiquitos de los trabajadores y trabajadoras. 

Juan Sanhueza, de San José de la Mariquina, quien cumplía labores de mantención dentro de los predios de la empresa y fue despedido junto a otros 12 trabajadores, pactó su finiquito ante la oficina de Inspección del Trabajo en cinco cuotas. 

“Yo tenía tres años de antigüedad y el finiquito me lo pactaron para pagar en cinco cuotas, y el día que fuimos a firmar me dieron un cheque y después me pagaron otra cuota, y hasta el día de hoy no me volvieron a pagar”, asegura, indicando que la empresa aún le adeuda alrededor de tres millones de pesos. 

Similar situación denuncia Rubén Ñonquepán, domiciliado también en San José de la Mariquina, quién cumplía funciones como nochero, siendo despedido en noviembre del 2022. 

Hay quienes quedaron en una posición aún más desfavorable, como comenta Gustavo Novoa, quién vive en Los Lagos y que trabajó para la empresa por seis años como administrador de un predio en Huite, desvinculado en abril de este año. 

“Creo que han sido como 80 personas que han despedido, pero a ninguno le han pagado nada, algunos quedaron con un acuerdo en cuotas de las cuales les pagaron una cuota y no les llegó nada más de su finiquito y a nosotros, por ejemplo, ni siquiera se han presentado en notaría para firmar el finiquito”, afirma. 

“Hicimos demanda en la Inspección del Trabajo, a la cual se hicieron unas citas y no se presentaron tampoco”, expresa, detallando además otras irregularidades en las que la empresa incurrió  

"En mi caso no tenía cotizaciones pagadas, yo tenía un préstamo en Caja Los Andes los cuales, por ejemplo, ellos me descontaron por planilla mes a mes ese préstamo, pero ellos no lo pagaron a la Caja, entonces ahí me dejaron endeudado por todos lados”, reclama. 

Y agrega: “Al no tener las cotizaciones pagadas no teníamos derecho tampoco a Seguro de Cesantía, o sea, quedamos a brazos cruzados”. 

El relato de Angélica Lagos concuerda en gran parte con el de Novoa. “Me deben un año de imposiciones en AFP, más mi Seguro de Cesantía, Fonasa, más mi sueldo, en todo eso son como cuatro millones”, declara. 

“Fuimos a la Inspección del Trabajo, los citaron (a la empresa) y los sinvergüenzas ni siquiera aparecieron”, afirma Angélica. 

Por lo anterior, desde el organismo fiscalizador en materia laboral la derivaron, junto a otros dos extrabajadores, a la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de Valdivia para conseguir asesoría legal.   

Sin embargo, al momento de entrevistarse con un abogado para hacer valer sus derechos, Angélica dice que la respuesta recibida la dejó totalmente sorprendida. “Que no había mucho que hacer porque la empresa estaba complicada”, le habría dicho el abogado de la CAJ. 

“Yo le dije que por qué si la empresa no estaba en quiebra, seguía trabajando, y él me dijo “sigue trabajando para pagar sus deudas”, y yo le dije ¿y nosotros qué somos? ¿acaso no nos deben? Debiéramos ser prioridad”, recalca. 

Según Angélica, el abogado les habría dado a entender que efectivamente las deudas con los trabajadores no eran prioridad. “Que la empresa tiene muchas demandas y estaba muy complicado el tema” les reiteró, dejando en una sensación de desamparo e injusticia. 

Sin respuestas 

Gustavo Novoa dice que logró comunicarse con Ricardo Ríos, cabeza de la empresa, para aclarar la situación y salir de la incertidumbre, pero no encontró las respuestas que esperaba. 

“Su excusa fue, en el último contacto que tuvimos con él, porque ya ni siquiera podemos hablar con él, fue que él iba a pagar en algún momento, no sabía cuándo pero supuestamente iba a pagar, solo que no tiene dinero”, puntualizó. 

“Sabemos que tiene deudas con bancos, pero ha tenido ventas de animales, terrenos y no sabemos qué pasa con esa plata tampoco”, añade. 

Otros extrabajadores han intentado contactar a la empresa, pero sin resultados, como nos indicó Juan Sanhueza. 

“Hasta ahora no nos ha llamado ni el empleador, ni recursos humanos, ni secretaria, nada. Nosotros hemos llamado para pedir explicación de por qué no nos pagan y ni siquiera nos contestan”, manifestó. 

Algunos evalúan recurrir a acciones legales, como una treintena de afectados entre los que se cuenta Gustavo Novoa. 

“Nos hemos juntado alrededor de todos los que han despedido, como 30 han querido participar y queríamos por lo menos contar con un abogado y hacer una demanda más formal, como una demanda colectiva, pero aún no se ha llegado a ningún acuerdo, aún está en proceso”, explicó. 

Los trabajadores han interpuesto demandas al no recibir los pagos que les corresponden. “Pero hay algunos que no han demandado y están esperando que les paguen”, señala Juan Sanhueza. 

El extrabajador reconoce que Chilterra fue una buena empresa donde había trabajo, regalías, una buena relación con los jefes y todo cambió de la noche a la mañana. “Si a nosotros nos hubieran dicho que faltaba plata, que nos iban a pagar menos, pero algo nos hubieran dicho y nada”, lamenta Sanhueza, apuntando a una falta de transparencia de la empresa con sus trabajadores. 

Actualmente muchos de los trabajadores y trabajadoras desvinculados se encuentran cesantes o realizando trabajos de manera informal. Angélica Lagos dice que el tiempo que está dedicando a los trámites que lleva adelante para obtener el pago de su finiquito le dificulta también la búsqueda de trabajo. 

Por lo pronto, afirman que seguirán exigiendo respuestas.