Un paso más hacia la corresponsabilidad en Chile se dio con la nueva Ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que busca incentivar el pago de los deudores de pensiones alimenticias, estableciendo condiciones, retenciones e incluso prohibiciones a quienes formen parte del registro vigente. Estará a cargo del Servicio de Registro Civil y serán inscritos quienes deban (total o parcialmente) tres mensualidades consecutivas de alimentos provisorios o definitivos, o cinco discontinuas.
En Chile, el 87% de las personas no paga la pensión de alimentos que le corresponde. De ahí la importancia de la nueva ley que crea este Registro, que se espera que esté completamente implementado en el plazo de un año y que permitirá tomar una serie de medidas contra los deudores para incentivar el pago efectivo de las pensiones de alimentos.
Al respecto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, comentó que “siempre nos ha llamado la atención que se habla de los papitos corazón, pero pareciera que no tienen corazón. Yo creo que llegó la hora de cambiar ese nombre. Hablamos mucho del rol preferente de los padres para educar a sus hijos, pero no lo suficiente de las obligaciones que tienen los padres con sus hijos, con sus hijas. No hay nada más evidente que colaborar y contribuir con el sustento de quienes nosotros mismos hemos traído al mundo”, comentó.
Para Silvana Leiva, representante del Movimiento Pensión de Alimentos, ahora Fundación 360 Mujer, esto viene a cambiar la forma de pensar la sociedad. “Antes la deuda de pensión de alimentos era una deuda entre cuatro paredes, un problema entre una pareja, un problema hombre-mujer. Ahora es un problema de la sociedad, porque detrás de esa deuda hay miles y miles de niños que están siendo vulnerados a diario por un padre o madre irresponsable. Necesitábamos nosotros urgentemente que las instituciones nos acompañaran en este proceso y dejáramos nosotras de ser las persecutoras de estos padres irresponsables y estar peregrinando de tribunal en tribunal para obtener un poco de justicia. Ahora creemos que esto se va a lograr, creemos que las instituciones nos están acompañando y nos sentimos muy agradecidas”, señaló.
La iniciativa surge tras constatar que, por un lado, existe un número muy importante de deudores de alimentos que no muestran interés o se desentienden de su obligación para con su alimentario y, por otra parte, que la legislación no dotaba de medidas de apremio eficaces para perseguir al alimentante moroso. Entre las medidas que se implementarán con este registro, destacan las retenciones en las operaciones de crédito de dinero, de devoluciones de impuestos y el rechazo en la expedición de la licencia de conducir y el pasaporte, entre otras.
La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, planteó que “queremos también agradecer a todos los políticos que de forma transversal y unánime apoyaron y dieron la posibilidad de que este proyecto tuviera una rápida tramitación. Esta ley viene a hacerse cargo de una conducta de incumplimiento indignante, que requiere ser corregida de manera urgente. Con esta ley que está ad portas de ser promulgada, estamos ante una gran oportunidad para poder mejorar una realidad muy dolorosa que no puede ni debe seguir siendo desconocida: el alto número de pensiones de alimentos impagas, que en la práctica es una vulneración a los derechos de muchos niños, niñas y adolescentes de nuestro país”.
En la misma línea, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, indicó que “el Registro será una herramienta que terminará con la impunidad en el pago de pensiones de alimentos, al generar graves restricciones patrimoniales y de acceso a diversas prestaciones a todos quienes tengan deudas de alimentos. Esta nueva ley significa dar un giro radical en la forma en que se hacen las cosas, puesto que la evidencia indica que las sanciones de arresto no son efectivas para el objetivo final que tenemos todos, que es que los papitos corazón paguen sus deudas. A partir de ahora, a todos ellos les vamos a hacer la vida imposible con este nuevo Registro”.
Cabe destacar que entre las medidas que enfrentarán quienes formen parte del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos están, entre otras, el rechazo al otorgamiento de la licencia de conducir y el pasaporte; la inhabilitación para optar a ciertos beneficios del Estado; la retención de pensiones de invalidez, vejez o sobrevivencia; el impedimento del deudor para transferir el dominio de un bien raíz o de un vehículo motorizado por venta, o para inscribir un bien mientras no salga del Registro; y la exigencia a los organismos públicos de consultar el Registro ante nuevas contrataciones o promociones de su personal, quienes ante deudas deberán autorizar la retención de parte del empleador del monto de las futuras pensiones, más un recargo de un 10%.
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