Tal como se veía venir, de manera unánime este martes en sesión extraordinaria, el Concejo Municipal de Los Lagos aprobó remitir al Tribunal Electoral Regional, TER, todos los antecedentes emanados en un sumario administrativo desde la Contraloría general de la República, donde se fija la responsabilidad administrativa acreditada al alcalde Samuel Torres, por irregularidades sucedidas con recursos del DAEM Los Lagos.
La presentación de los concejales Aldo Retamal, Hugo Silva, Alexis Saldías, Pedro Muñoz y Patricio Espinoza incorpora una presentación que se lleva desde una Comisión de investigación especial, conformada por cuatro concejales, donde hay $399 millones de pesos que fueron pagados el año 2017 desde fondos FAEP, que corresponden al apoyo a la educación pública para financiar cotizaciones previsionales de trabajadores del área educación y que se comenzaron a solicitar producto de la alta cantidad de asistentes de la educación, sucedidas en el cambio de administración municipal.
El concejal Aldo Retamal señaló que la responsabilidad administrativa del alcalde está acreditada. "No se trata de un supuesto ya que la Contraloría lo establece y nos remite estos documentos en virtud de la ley, para que nosotros nos pronunciemos, no si nos parece o no, sino de un pronunciamiento de ingresar los antecedentes ante el Tribunal Electoral Regional", afirmó el edil que es presidente de la Comisión de Educación.
Hugo Silva hace historia y señala que “el 15 de septiembre del 2017 solicitamos informes por contratación excesiva en la dotación docente no considerándose nuestra solicitud, luego también solicitamos balance de comprobación y saldo al 31 de agosto del 2017 del presupuesto Daem de la fecha, por lo que fuimos a la Contraloría a presentar este requerimiento porque observábamos que no llegaríamos a cerrar el año pagando sueldos".
Mientras que su par, Alexis Saldías explicó que “advirtiendo el acelerado gasto en el tercer trimestre de ese año nos dirigimos a la Contraloría a efectuar la solicitud que se investigue y, hoy, establecida la responsabilidad administrativa del alcalde Samuel Torres, despejamos la duda y las miradas culposas hacia el rol fiscalizador de estos concejales. Como concejo municipal cumplimos y aquí están las evidencias, el pronunciamiento del órgano que fiscaliza".
Pedro Muñoz en su presentación argumentó que "ante el avanzado gasto presupuestario nunca se nos contestó con la verdad, luego pedimos un estado financiero del Departamento de Educación, donde ya habían dudas de sí alcanzarían los recursos para pagar sueldos en el trimestre que restaba para cerrar el año y, por consiguiente, tampoco habría para pagos previsionales, por lo que el Tribunal Electoral es el camino a seguir, es nuestra obligación, nuestro deber y hacia allá apuntaremos", afirmó.
Finalmente, el Edil Patricio Espinoza afirmó que “hay tres personas a quienes les recae la responsabilidad , a quienes se les debe aplicar la sanción claramente establecida en el informe y, en consecuencia, comparto la idea de presentar todos los antecedentes al TER y que allí se establezca lo que deba venir".
Aprovechando la presencia del administrador municipal en sala, el Concejo Municipal señaló que la declaración pública emitida por el municipio llamaba a equívoco ya que la afirmación utilizada de “una eventual responsabilidad administrativa” no era tal ya que la Contraloría establece “una responsabilidad administrativa acreditada” respecto del actuar del alcalde”, y ante dicha situación reafirman el estricto apego a la legalidad con que el Concejo Municipal ha actuado.
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