Las y los firmantes de esta declaración queremos expresar nuestro profundo dolor y enfática condena a las múltiples vulneraciones de derechos humanos que han sucedido en el contexto de la movilización social que ha vivido nuestro país a partir del 18/10. Tristemente se ha vuelto habitual conocer del uso indiscriminado de gases lacrimógenos que afectan la salud de las personas, de golpes y abusos, o de balines o perdigones que provocan gravísimas lesiones a quienes participan de movilizaciones pacíficas. Más grave aún son estos hechos cuando afectan a niñas, niños o adolescentes dejando huellas y daños físicos y psicológicos permanentes.
Nos preguntamos, cuál es el mensaje que se entrega cuando el Estado hace uso de fuerza ilegítima vulnerando derechos humanos, incluso en contextos educacionales, accediendo sin motivación ninguna a campus universitarios o establecimientos escolares para reprimir y castigar. Estos graves abusos deben ser investigados con urgencia y sancionados de acuerdo con la ley. Pero también deben ser reparados, generando mecanismos de apoyo y acompañamiento por parte del Estado.
Lamentablemente esta situación también se ha reproducido en nuestra región y, especialmente, en la ciudad de Valdivia, afectando a nuestra comunidad universitaria. Actividades organizadas por académicas, académicos, funcionarias, funcionarios o estudiantes han sido duramente reprimidas sin que se comprenda el uso desproporcionado de la fuerza policial. Lo que se espera de las fuerzas policiales en un Estado democrático es que protejan el derecho a la expresión pública y a la movilización social.
En las últimas semanas hemos visto a integrantes de la comunidad valdiviana y universitaria ahogados por gases lacrimógenos o estudiantes impactados y heridos por perdigones y balines. Rechazamos enfáticamente que estas vulneraciones se hayan producido y prestaremos toda la ayuda jurídica, psicológica y de acompañamiento a las personas de nuestra comunidad que lo requieran.
Llamamos a las autoridades regionales y de carabineros a cuidar y proteger a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región, manteniendo un clima de respeto y protección de la vida y de los derechos de cada integrante de nuestra comunidad. Los daños a la convivencia, provocados por el uso desmedido de la fuerza, serán difíciles de reparar en el futuro. Por ello debemos hacer el mayor esfuerzo posible por instalar un clima de resguardo de la seguridad y derechos de todas y todos. Las profundas inequidades que tiene el país no serán resueltas con el uso de la fuerza, sino con mayor participación, más democracia y políticas públicas fundadas en el bien común.
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